Atención Ciudadana

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Desde que el pasado mes de julio el Consorcio puso en marcha un servicio específico para facilitar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha atendido un total de 76 personas. Vienen buscando ayuda para iniciar la solicitud de la prestación o para resolver las dificultades que encuentran a lo largo del proceso del trámite con la Seguridad Social de quien depende esta cobertura.

 

Las personas que se dirigen llegan derivadas por los servicios del propio Consorcio que hacen atención directa, otros por servicios y entidades que también trabajan en el barrio a quienes se les ha ofrecido el servicio, y por iniciativa propia al enterarse de su existencia. Las dificultades han sido diversas, derivadas de las modificaciones hechas posteriormente a la aprobación de la ayuda, debido a que la oficina que hay en el barrio está cerrada y que los teléfonos gratuitos facilitados no descuelgan. Desde el servicio del Consorcio se ha informado de los cambios que se iban haciendo a la ley y de la documentación complementaria que ha sido necesario añadir al expediente inicial. Se han resuelto las dudas de cada caso, facilidad medios para seguir el desarrollo del trámite, consultando su estado a la espera de la resolución, y gestionado posibles reclamaciones en el caso de las solicitudes denegadas.

A la espera de las resoluciones
Se hace un esfuerzo para entender el contexto vital de cada caso, anticipándose a las complicaciones del trámite y hacer contención de las situaciones de inquietud que se derivan de la incertidumbre y la falta de respuesta. Después de ocho meses desde su entrada en vigor el uno de junio, la mitad de los expedientes tramitados, 27, de un total de 53, no tienen respuesta; 20 solicitudes (37,3%) han sido denegadas y, únicamente, 6 que representan el 11,3%, aprobadas. El resto de personas atendidas, 23 más, hasta el total de 76, han venido al servicio del Consorcio para consultas derivadas o algún trámite puntual.

Es difícil que el marco legal de la ayuda, que toma como referencia los ingresos de la unidad de convivencia, pueda contemplar todas las casuísticas y la complejidad de muchas de las situaciones familiares y de convivencia que se dan. Con familias numerosas y reconstituidas, más de una unidad familiar compartiendo vivienda, o personas que alquilan la habitación donde viven y conviven con otros sin ser familia. Personas con trabajos precarios que la perdieron con la irrupción de la crisis o en situación de ERTE que no están cobrando, que debían presentar documentación del 2019 y que por tanto no reflejaba la situación actual. Familias que antes de la crisis ya estaban en una situación muy complicada que la pandemia en agudizado.

Se trata de una prestación no contributiva pensada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social como consecuencia de la crisis por la Covid-19. Es para familias en situación de vulnerabilidad y compatible con otras ayudas. La puede solicitar una persona que viva sola o uno de los miembros de la familia, sin embargo, no es para cada uno de ellos, sino para el conjunto de la familia. No tiene una cuantía fija, sino que se calcula para cada caso en función de los ingresos de la unidad de convivencia.

Consorcio del barrio de la Mina